Diario Ti: El sábado 11 de febrero hubo multitudinarias manifestaciones contra el ACTA en Europa, principalmente en Alemania, donde 150.000 personas se volcaron a las calles para manifestar su repudio contra el controvertido Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.
La respetada organización Médicos sin Fronteras publicó en 2010 una carta abierta a la Comisión Europea, expresando preocupación por el ACTA. A entender de Médicos sin Fronteras, la propuesta normativa anti-falsificación impediría a los pobres del mundo el acceso a importantes medicamentos.
El 10 de febrero, Amnistía Internacional < href="https://www.amnesty.org/en/news/eu-urged-reject-international-anti-counterfeiting-pact-2012-02-10" target="_blank">pidió a la UE rechazar el pacto anti-falsificación. Widney Brown, director jefe de asuntos jurídicos en Amnistía Internacional, declaró que "La Unión Europea debería rechazar el ACTA en su forma actual - la implementación del acuerdo podría abrir una caja de Pandora de potenciales violaciones de los derechos humanos".
A juicio de Amnistía Internacional, el contenido del acuerdo, su proceso y estructura institucional impactan negativamente, y de varias formas, en los derechos humanos, especialmente en el derecho a juicio justo, privacidad, libertad de información, libertad de expresión y acceso a medicinas esenciales".
Luego, señala que "mientras que Amnistía cree que el trabajo de los autores debe ser compensado, la protección de la propiedad intelectual nunca debe producirse a costa de los derechos humanos fundamentales".
Amnistía Internacional expresa preocupación por "el amplio alcance, la vaguedad del lenguaje y la tendencia del ACTA por dar más importancia a los requerimientos legales privados, que al debido proceso".
En tal sentido, indica que el ACTA obligaría a los ISP a aplicar medidas represivas frente a sus clientes, con el fin de impedir infracciones. Como ejemplo de tales medidas menciona bloqueos, eliminación de contenidos o incluso suspensión de servicios sin que siquiera exista una orden judicial.
Agrega que las empresas podrán ser amenazadas con sanciones penales si obtienen "beneficios económicos indirectos" de las infracciones en sí, o si se concluye que "han sido cómplices" de las mismas. "Esto podría actuar como freno de la libre expresión y el acceso a la información", escribe Amnistía Internacional.
La organización expresa serias preocupaciones por las salvaguardas "vagas y carentes de sentido" que plantea el ACTA. "En lugar de usar terminología bien definida y aceptada, el texto incorpora conceptos como ´principios fundamentales´ e incluso inventa el concepto de ´proceso justo´ que actualmente no tiene definición alguna en derecho internacional".
El ACTA ha sido negociado desde 2007 por un número de países que incluye a la UE, Japón, Australia y Estados Unidos. El proceso ha carecido de transparencia y credibilidad democrática debido, entre otras cosas, a que no ha incorporado a instituciones reconocidas, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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